La guerra contra las retransmisiones deportivas ilegales alcanza un nuevo nivel al impactar servicios legítimos como GitHub y Microsoft. Los clientes de Movistar y O2 experimentan su tercera semana consecutiva de problemas de conectividad mientras la operadora intensifica sus medidas y bloquea todo el tráfico a Cloudflare.
Más que una simple caída de red, Movistar y O2 bloquea todo
Las pruebas realizadas a través de las sondas Atlas de RIPE muestran un patrón peculiar: el bloqueo afecta exclusivamente a direcciones IP muy específicas de Cloudflare. Por ejemplo, la IP 104.21.48.1, que aloja cientos de webs legítimas, resulta inaccesible desde la red de Movistar. Mientras tanto, direcciones adyacentes como 104.21.48.2 funcionan sin problemas.
Al intentar acceder desde otras operadoras como Orange o Vodafone, aparece un mensaje revelador. Este mensaje indica que el contenido está «bloqueado por requerimiento de la Autoridad Competente», confirmando que estas IPs han sido incluidas en los listados de bloqueo gestionados por LaLiga.
El nuevo protocolo ECH complica la situación
La reciente activación del protocolo ECH (Encrypted Client Hello) por parte de Cloudflare ha añadido una nueva dimensión al conflicto, mientras con que Movistar y O2 bloquea su tráfico. Esta extensión del protocolo HTTPS impide que las operadoras identifiquen qué web específica está visitando el usuario. Esto parece haber llevado a Movistar a adoptar una estrategia más agresiva: bloquear completamente las IPs de Cloudflare durante los eventos deportivos.
La correlación temporal es evidente: los problemas comenzaron el 2 de febrero y se intensifican durante los días de partido. El impacto se ha extendido más allá de las webs de streaming deportivo. También ha afectado a servicios como DuckVision y provocando interrupciones en plataformas esenciales para desarrolladores.
Esta medida «a rajatabla» de Movistar contrasta con el enfoque más selectivo de otras operadoras, que parecen estar implementando los bloqueos de forma más quirúrgica. La situación plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre la protección de derechos y el acceso a servicios legítimos en internet.
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